Technolawyer

Recientemente me enteré de que la AMPROFON se encuentra en pláticas con el IMPI para convencerlo de iniciar visitas de inspección e intentar acciones en contra de los propietarios de cibercafés en México.

Por lo que me platicaron, apenas están en pláticas y todavía no hay un plan concreto ni una aprobación por parte del IMPI para llevar a cabo esta campaña de terrorismo (si alguien encuentra otra forma de llamarla, le pido me corrija).

Al parecer la gente de la AMPROFON busca responsabilizar a los dueños de cibercafés por la música y contenidos protegidos que sus usuarios pudieran estar bajando en sus establecimientos. Pero lo más grave es que no se detendrán ante la simple inspección de los equipos si no que están proponiendo correr procesos de reconstrucción de datos para averiguar si en algún momento existieron archivos protegidos y, en su caso, hayan sido borrados.

No estoy seguro de cual sea el fundamento bajo el cual la AMPROFON esté pensando iniciar este tipo de acciones. El único supuesto bajo el que pienso que pudiera iniciarse una acción como esta es el establecido en la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor en donde se prevé lo siguiente:

231.-Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

…III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;…

Bajo esta disposición, yo creo que la AMPROFON cree o asume que los dueños de cibercafés almacenan obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de sus titulares, sin embargo, esto no necesariamente es cierto y por otro lado dudo mucho que alguien vaya a un cibercafé con el objeto de rentar una máquina en función de que tiene determinadas canciones almacenadas por lo que en dado caso, si no se comprueba que la gente renta los equipos por dicha razón, no se comprobaría el lucro directo y mucho menos el indirecto que prevé el propio artículo 231 para que se configure el supuesto de la conducta infractora. En pocas palabras, en mi opinión, aunqe las máquinas tuvieran música almacenada en sus discos duros, si la razón por la cual la gente renta los equipos no es para escuchar esa música o dicha música no es el motivo por el cual la gente renta los equipos, no hay infracción.

Ahora bien, del lado del delito, la primera causa de exclusión del delito que establece nuesro Código Penal es que “El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente”, es decir, que la conducta se realice sin el conocimiento o el consentimiento de quien lo comete o se alegue que lo comete. En este sentido, si los dueños de los cibercafés no dan su consentimiento o desconocen que las máquinas son rentadas con el objeto de bajar música y almacenarla, ellos no serían responsables por la comisión del delito, en caso de que existiera uno. Es como decir que los socios de Hertz serán responsables si alguien que les renta un coche atropella a una persona. Obviamente esto no es así ¿verdad?.

Pero bueno, hay veces que algunas personas van en contra de todo principio lógico y emprenden lo inpensable o irrealizable.

Esperemos que, por el bien de la sociedad, el IMPI no ceda ante las presiones de la AMPROFON y no caiga en el absurdo de las acciones que quiere intentar esta asociación en contra de los dueños de cibercafés. De no ser así, ¿Que seguiría? ¿que se presenten en nuestras casas e inspeccionen de la forma más arbitraria nuestros equipos de cómputo? ¿que demanden a Telmex y otros proveedores de servicios de internet por ser ellos quienes proporcionan el medio para que se cometan las supuestas infracciones y delitos? (esto último con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del mismo artículo 231).

Vamos a ver como evoluciona.

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