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Hace un par de días recibí un correo de Enrique Ochoa Reza, reconocido Constitucionalista mexicano, en el que me enviaba un artículo publicado en el New York Times titulado A Big Stretch, escrito por Suketu Mehta.

En este artículo, el autor nacido en la India, nos relata como la cultura popular de su país ha sido víctima de la apropiación por parte de occidente, concretamente, por parte de los Estados Unidos de América.

Desde el comienzo de su artículo nos dice que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), ha concedido protección bajo copyright para 150 obras relacionadas con el yoga, 134 patentes para accesorios de yoga y 2,315 marcas registradas para yoga.

En respuesta a esto, el gobierno de la India ha comenzado a armar un catálogo de sabiduría y cultura popular de la India para ser publicado y distribuido en cinco idiomas a fin de que las oficinas de patentes alrededor del mundo “vean que el yoga no surgió de una comunidad en San Francisco”. Este catálogo comprende desde posiciones de yoga hasta medicina alternativa basada en herbolaria que ha sido utilizada desde muchos años atrás en la India y por lo tanto es considerada como de dominio público.

Este es un caso más de como la cultura popular y el conocimiento que está en el dominio público corre el peligro de ser expropiado, desde mi perspectiva de forma inválida y peligrosa, por algunos particulares en perjuicio de la sociedad en general. Es la misma fórmula que se ha utilizado para apropiarse de los cuentos de los Hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, entre otros, y extraerlos de ese dominio público para beneficio de unas cuantas compañías que explotan dichas obras.

En estricto derecho no es posible retirar algo del dominio público una vez que ha entrado al mismo, sin embargo, en los hechos lo hemos vivido por décadas.

Debemos tomar conciencia de que gran parte de nuestro conocimiento y patrimonio cultural enfrenta este peligro. Es hora de que algunas oficinas de patentes, marcas y derechos de autor usen su sentido común y se den cuenta que no es posible atribuir la titularidad de una obra que lleva cientos, tal vez miles, de años a un individuo que lo solicita en la actualidad.

Los abogados, los legisladores y los funcionarios encargados de la protección a la propiedad intelectual somos responsables de impedir que sigamos cayendo en estos absurdos jurídicos que, lejos de beneficiar a la sociedad, únicamente ponen en peligro nuestra herencia cultural.

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